La Apertura en el contexto de la Política Neoliberal

En el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, se encontró con una industria petrolera muy diferente, Jaime Lusinchi mantuvo el alto nivel de gasto público, así que Pérez tuvo que enfrentarse al hecho de que el Banco Central se había quedado sin reservas de divisas.

Pérez aceptó inmediatamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que incluía un aumento en los precios de la gasolina en el mercado doméstico. Esto desató la crisis en la economía nacional, en efecto, el aumento en los precios de la gasolina, reflejado en el encarecimiento de los pasajes de transporte, desencadenó el Caracazo de la semana del 27 de febrero de 1989.

Pérez también empezó a permitir el retorno de los inversionistas privados a la industria, PDVSA fue encargada de la Apertura Petrolera, predicando el evangelio de la competitividad al gobierno, alegando que las regalías y los impuestos tenían que reducirse para atraer a los inversionistas extranjeros, el gobierno siguió este consejo.

En este proceso, de nuevo, se recortó la producción de la industria, sujeta a altos niveles impositivos. Aún más, en estos contratos PDVSA actúa como un ‘paraguas’ protegiendo al capital privado contra el Estado, garantizando que la compañía estatal pagaría una indemnización a sus ‘socios’ si se produjera algún cambio legislativo.

Estos contratos, incluyeron el arbitraje internacional, un arreglo que Venezuela nunca había aceptado hasta entonces. Por último, pero no menos importante, en caso de disputas, las exportaciones de PDVSA, están sujetas a embargo. No obstante, el Congreso aprobó todos estos contratos.

Habiendo actuado a favor de los inversionistas extranjeros privados, PDVSA del mismo modo insistió en una baja imposición también para sí. Su mejor oportunidad llegó en el caótico año de 1993. El Presidente Pérez fue destituido de su cargo. Un gobierno provisional muy débil asumió el poder y aceptó una nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta con generosas exenciones por inflación. Además, el poder discrecional del gobierno sobre el impuesto a las exportaciones, que había sido creado en 1970 para permitir la recaudación de ganancias extraordinarias en períodos de altos precios, fue suprimido progresivamente, para desaparecer por completo en 1996. Estas medidas contribuyeron a una significativa caída del ingreso fiscal petrolero.